El gran mosaico de las lenguas

Según el catálogo Ethnologue: Languages of the Wold (25ª edición: 2022), en la actualidad se hablan en nuestro planeta un total de 7 151 lenguas. No todas ellas presentan una distribución geográfica análoga, ni poseen un número de hablantes parejo. Así, mientras el chino mandarín, que se extiende por una vasta región del continente asiático, es la lengua nativa de unos 920 millones de personas, las 840 lenguas de Papúa Nueva Guinea, un país de Oceanía que ocupa, aproximadamente, la mitad de una isla de una extensión no superior a la península ibérica, cuentan con apenas 8 millones de hablantes en su conjunto. En términos comparativos, Europa es el continente con menor diversidad lingüística, pues en él están catalogadas 291 lenguas nativas (4 % del total), frente a las 1 064 registradas en América (15 %) o las 2 158 en África (32 %).

Por lo tanto, aunque produzca cierta perplejidad en no pocas personas el dato mayúsculo de que, aún en la actualidad, se hablan varios miles de lenguas, lo cierto es que las situaciones de contacto entre lenguas constituyen la norma en nuestro planeta, y el bilingüismo social forma parte del día a día en la casi totalidad de los 193 Estados reconocidos a día de hoy por la Organización de las Naciones Unidas.

Un claro ejemplo de ello es el organismo intergubernamental que denominamos Unión Europea (UE), considerado la institución más políglota del mundo, al reconocer 24 lenguas como oficiales. No obstante, en los 27 países que integran la UE actualmente se hablan alrededor de otras 50 lenguas nativas además de las que poseen rango de oficialidad en el seno de las instituciones comunitarias.

Desde 1986, uno de los Estados miembro de la UE es España, donde casi el 40% de la población vive en zonas geográficas con doble oficialidad lingüística, y un mínimo del 20% usa habitualmente una lengua nativa diferente al castellano en sus actividades diarias. No se incluyen en este cómputo las más de 200 lenguas que la población inmigrante emplea en cualquier gran ciudad de nuestro país en las relaciones cotidianas con familiares y compatriotas.

De acuerdo con la Constitución española de 1978, «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Según la misma Constitución, las demás lenguas españolas son un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección. En la actualidad, algunas de ellas poseen la condición de cooficiales, si así se recoge en el estatuto de autonomía de la comunidad en la que se habla, como son los casos del como son los casos del occitano aranés, en Cataluña; el catalán/valenciano, en Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana; el euskera, en el País Vasco y una franja concreta de la Comunidad Foral de Navarra; y el gallego, en Galicia.

Aunque no posean el rango de cooficiales, existen otras lenguas nativas o propias distintas a las mencionadas en diferentes partes del territorio español: el amazigh, en Melilla; el aragonés y el catalán, en Aragón; el asturiano en el Principado de Asturias; el dariya o árabe magrebí, en Ceuta; la fala, en el Valle de Jálama (provincia de Cáceres); el gallego-asturiano y el gallego, en la franja occidental del Principado de Asturias y de las provincias de León y Zamora; el astur-leonés, en la Comunidad de Castilla y León; y el valenciano, en la región del Carche (Murcia). Conviene citar igualmente el caló, idioma no territorial del pueblo gitano desde su llegada a la península ibérica en el siglo XV.

Las lenguas españolas distintas del castellano son hoy, en la mayoría de los casos, un instrumento vivo y útil de comunicación para millones de ciudadanos y ciudadanas, quienes las perciben además como un patrimonio y un tesoro que desean preservar y legar a las nuevas generaciones.

Algo de historia

Para comprender la situación lingüística actual de España, es necesario tener en cuenta que es el resultado de un proceso histórico que duró varios siglos. A excepción del euskera, que pertenece a una familia lingüística no indoeuropea, la casi totalidad de las restantes lenguas nativas que hoy se hablan en España son lenguas romances o, dicho de otro modo, son fruto de la evolución del latín que los romanos fueron introduciendo en la península ibérica a partir del siglo I antes de Cristo.

Aunque no existe unanimidad de opinión entre los especialistas, se suele afirmar que, en el territorio peninsular, se empezaron a hablar variantes romanizadas diferenciadas, es decir, lenguas que ya no eran el propio latín, entre los siglos VIII y X. La aparición de estas variantes, en la franja norte de la península, coincide con la época de la llegada de los musulmanes a la península en el año 711.

De este modo, a lo largo de toda la Edad Media, en el territorio ibérico se llegarían a hablar ocho lenguas: asturleonés, castellano, euskera, gallegoportugués, navarroaragonés, catalán, árabe y mozárabe. En cualquier caso, las primeras manifestaciones escritas más o menos elaboradas de todas las lenguas romances y del euskera tardarían aún bastante tiempo en aparecer. Ocurrirá entre los siglos XII y XIII, período durante el cual la lengua peninsular de uso mayoritario en los textos escritos es aún el latín, incluido en Portugal, territorio que se constituye como reino independiente en 1139.

Con pequeñas diferencias según los territorios, se puede decir que, a partir de la finalización de la llamada Reconquista en 1492, se inicia el declive de las lenguas peninsulares distintas al castellano, que en algunos casos desaparecen, como ocurrió con el árabe y el mozárabe, o que bien quedan relegadas con la irrupción del castellano como la lengua del nuevo reino hegemónico.

Sin embargo, no será hasta el siglo XVIII cuando se empiece a difundir la idea, por primera vez, de que la pluralidad lingüística resulta un obstáculo para la consecución de la unidad política de los diferentes reinos de España. A partir de entonces, el único idioma será el castellano (ahora llamado también español), y los demás se empezarán a ver como lenguas no válidas para la comunicación en todos los ámbitos, especialmente en los cultos (artes, ciencia, educación, etc.) e institucionales. A pesar de ello, no faltarán voces que muestren su desacuerdo con esta ideología lingüística, como fue el caso del monje y erudito ilustrado Martín Sarmiento (1695-1772), a quien debemos precisamente textos muy reveladores en defensa de su lengua materna, el gallego, a la que le atribuye la condición de idioma válido para todo tipo de usos y contextos, incluido el escolar.

A la luz del movimiento romántico en Europa, la mayoría de las lenguas españolas distintas del castellano experimentarán un renacimiento en el siglo XIX. A partir de la segunda mitad del siglo, este movimiento produciría obras literarias de alto nivel en casi todas las lenguas, como las de Rosalía de Castro, en el caso del gallego; las de José María Iparraguirre, en el del vasco; o las de Jacint Verdaguer, en el del catalán. Al mismo tiempo, se introducen, aunque modestamente, en la prensa escrita y se inician los primeros trabajos gramaticales y lexicográficos de interés.

En el primer tercio del siglo XX, diversos movimientos culturales y políticos reivindicaron la institucionalización de las lenguas de España diferentes al castellano. El primer gran paso en esta dirección se dio con la instauración de la República en 1931, en cuya Constitución se dejó abierta la posibilidad de declarar también lenguas oficiales a aquellas nativas habladas en el territorio español distintas del castellano. Al final, solo lo lograría el catalán, gracias a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1932, en cuyo texto se le otorgaba el rango de lengua cooficial. El País Vasco y Galicia consiguieron plebiscitar (y en el caso vasco, aprobar) sus respectivos estatutos, lo que sucedería en los albores del estallido de la Guerra Civil (1936-1939), razón por la que no habría tiempo suficiente para su aplicación. Por citar un ejemplo concreto, en el Estatuto de Galicia, aprobado ya en el transcurso de la guerra, se establecía que «el castellano y el gallego serán lenguas oficiales en Galicia».

Durante la larga dictadura posterior (1939-1975), las corrientes políticas y culturales favorables a la revitalización de las lenguas regionales sufrirían una brusca interrupción. En cualquier caso, a partir de la década de 1950 y, especialmente, a partir de la de 1960, se inicia un proceso que conducirá a un resurgimiento de las lenguas regionales: se fundan revistas y editoriales que las usan, proliferan corrientes culturales, artísticas y literarias que las cultivan, etc.

En 1978 se aprueba la Constitución Española, en la que se reconoce el derecho a utilizar las lenguas españolas distintas del castellano. A partir de este momento, y gracias al trabajo desarrollado en las últimas décadas, tanto desde los poderes públicos como desde la iniciativa social, se ha dado un proceso de legitimación y modernización de las lenguas minoritarias que ha permitido su expansión demográfica y funcional. El futuro de todas ellas está en construcción y depende de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas españolas.

Las lenguas y la Unión Europea

Existen multitud de documentos oficiales de diferentes instituciones de la Unión Europea en los que se insiste en expresar que la diversidad lingüística de Europa debe constituir un factor de inclusión social y no de exclusión. Para ello, desde casi el mismo momento en que entró en vigor el Tratado de la Unión Europea en 1993, esas mismas instituciones no han dejado de desarrollar y aprobar instrumentos jurídicos y programas destinados tanto a la promoción del multilingüismo como -aunque en mucha menor medida- a la revitalización social de las lenguas regionales y minoritarias.

Una de estas herramientas (sin duda una de las más importantes entre las actualmente vigentes) es la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales (Carta). Se trata de un instrumento jurídico vinculante a escala internacional, elaborado por el Consejo de Europa, que entró en vigor el 1 de marzo de 1989 con el objetivo, por un lado, de proteger y promover las aproximadamente 50 lenguas regionales y minoritarias habladas en el territorio de la UE como parte del patrimonio cultural de Europa, y, por otro lado, ayudar a crear las condiciones idóneas para que los más de 40 millones de personas que hablan estas lenguas puedan utilizarlas en su vida privada y pública. Quedan bajo la protección de la Carta las lenguas regionales y minoritarias (por ejemplo: el aragonés, el asturiano, el catalán, el gallego, el vasco o el occitano) y las lenguas oficiales estatales menos utilizadas (por ejemplo, el gaélico irlandés), pero no todas las lenguas que han llegado a los territorios de los países miembros de la UE tras los recientes y muy intensos movimientos migratorios, ni tampoco las variantes dialectales de las lenguas oficiales.

Dada su condición de tratado internacional vinculante, la Carta obliga a los Estados que la han ratificado, como es el caso de España, a fomentar y asegurar el uso de todas las lenguas minoritarias que existan dentro de sus respectivos territorios, de tal forma que pueda considerarse un mecanismo de control a través del cual evaluar cómo se aplica en cada Estado miembro y, al mismo tiempo, si es necesario, hacer recomendaciones para mejorar la legislación aplicada y las políticas lingüísticas desarrolladas.

El mecanismo de control se ejecuta fundamentalmente a través del informe que redacta, cada tres años, un comité de expertos constituido ad hoc para cada Estado. Finalmente, en base al informe realizado por este comité de expertos, el Comité de Ministros del Consejo de Europa (integrado por los ministros de asuntos exteriores de los Estados miembros del Consejo de Europa) formula una serie de recomendaciones dirigidas individualmente a los gobiernos de los 25 Estados que hasta el momento han ratificado la Carta.

El Reino de España ratificó la carta el 9 de abril de 2001. Desde entonces se han realizado cinco informes referidos a las lenguas regionales y minoritarias históricas habladas en este territorio.